En las últimas décadas España ha pasado a ser un país receptor de migrantes y, fruto de ello, la sociedad española muestra hoy una gran diversidad. El 10.7% de la población tiene nacionalidad extranjera (5 millones) y 1,5 millones de españoles tienen, al menos, un padre o madre extranjeros.  Parte de esta población son personas que se vieron obligadas a huir de sus países para sobrevivir, personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política, muchas veces en contextos de conflicto.

Las personas refugiadas son una realidad que tenemos que atender derivado de nuestras obligaciones internacionales de protección internacional y derechos humanos. Además, el derecho a solicitar protección internacional (PI) es un derecho expresamente reconocido por la Constitución Española (art. 13.4) y su ejercicio se desarrolla en la ley 12/2009.