EL VÍNCULO ENTRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA JUSTICIA SOCIAL

Hay que empezar diferenciando entre problemas sociales y problemas públicos. No todos los problemas sociales se transforman necesariamente en problemas públicos. Los problemas públicos son aquellos problemas sociales que, una vez planteados como tales en el seno de la sociedad civil, se convierten en objeto de debate en el interior de un determinado espacio político-administrativo. La reivindicación ciudadana es la que, en la mayoría de las ocasiones, permite la transformación de un problema social en un problema público, primero, para a continuación reclamar su introducción en la agenda de las políticas públicas. La participación ciudadana es, por tanto, esencial: sin esta, muchas situaciones sociales problemáticas jamás pasarían a considerarse como problemas sociales susceptibles de ser contemplados como objeto de las políticas públicas.

Por eso, la participación es un derecho fundamental, parte de un haz o complejo de derechos que, en su conjunto, nos permiten hablar de ciudadanía inclusiva: derechos como el de asociación, libre expresión, sufragio, concurrencia a cargos electos, acceso a fuentes independientes de información, etc.

Voluntarixs de Málaga participando la movilización promovida por la CME

Pero siendo, en efecto, un derecho (por lo que debe estar reconocida y protegida eficazmente por las leyes), por encima de todo, la participación ciudadana es fuente de derechos. La participación, medio para la construcción de poderes democráticos, es la vía para la reivindicación, defensa y expansión de los derechos en las sociedades democráticas: incorporando nuevas cuestiones a la agenda pública; estableciendo grupos de interés o de convicción que defienden en la esfera pública propuestas y proyectos; acumulando fuerzas que den lugar a mayorías electorales que respalden, en su momento, determinadas transformaciones sociales y políticas. Es mediante la participación, y sólo mediante ella, que construimos y sostenemos las instituciones democráticas.

Jóvenes en un acto de calle a favor de la Igualdad

Se trata, además, de un derecho y de una posibilidad que no se distribuyen de forma igualitaria, “justa”, entre las personas y los grupos, ni en el interior de los Estados ni en el ámbito internacional. Existen limitaciones a la participación ciudadana por razones políticas; hay democracias más o menos consolidadas, más o menos garantistas, y la desgracia es que los países empobrecidos han sido y son víctimas de regímenes autocráticos, represivos, herencia en muchos casos de las prácticas coloniales a las que se vieron sometidos durante décadas.

También en el interior de los países más ricos, con democracias representativas más asentadas, se producen grandes diferencias en el ejercicio de la participación. Cada vez preocupa más el hecho, repetidamente contrastado, de que el diferencial entre la participación electoral de los distritos más ricos y los más pobres de una misma ciudad puede alcanzar o superar los 40 puntos porcentuales.

Encuentro de jóvenes vinculadxs con la Red Solidaria y la Red Generación 21

Y esto es muy grave, porque (1) si son los países más ricos y las personas más ricas las que en mayor medida ejercen su derecho a participar, las que más facilidad tienen para convertir sus propios problemas sociales en problemas públicos para, a partir de aquí, exigir a los gobiernos la implementación de políticas públicas para resolverlos, (2) si la adopción de unas u otras políticas públicas tiene como consecuencia la decisión sobre el destino de recursos escasos que deben ser distribuidos entre individuos y colectivos con muy distinto poder de negociación a la hora de decidir los criterios para la hacerlo, (3) ¿cuáles serán los intereses representados en las mesas de negociación en las que se toman las decisiones relativas a esa distribución?

Voluntarixs de la delegación de Granada participando en la campaña “Yo soy tierra de acogida” a favor de los derechos de las personas migrantes 

Los y las excluidas, personas, comunidades, regiones, sufren también de exclusión política. Su derecho fundamental a la participación está tan vulnerado y debilitado como sus otros derechos fundamentales: a la vida, a la salud, a la vivienda…Nosotras, que gozamos de ese derecho, ¿no deberíamos ejercerlo sin reparos y ponerlo al servicio de quienes se ven privadas de hacerlo?

 

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